Cada vez con mayor frecuencia se exige responsabilidades a las empresas multinacionales por los abusos a los derechos humanos que tienen lugar en sus cadenas de suministro. Sin embargo, las personas trabajadoras migrantes, que a menudo son la columna vertebral invisible de la producción mundial, siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a la justicia. Aunque algunos tribunales están abriendo puertas, se necesita una reforma sistémica para asegurar que esta vía permanezca abierta.

Desde las explotaciones agrícolas de España hasta las fábricas de Malasia, las personas trabajadoras migrantes están sometidas a largas jornadas laborales, condiciones inseguras, robo de salarios y amenazas de represalias. Estos abusos no ocurren únicamente en los países del sur global, sino que también se producen en territorios como el Reino Unido, especialmente en las explotaciones agrícolas que abastecen a las principales cadenas de supermercados.

A pesar de la magnitud de esta explotación, durante mucho tiempo ha sido difícil exigir responsabilidades legales. A menudo las empresas se protegen tras complejas estructuras corporativas y argumentan que la responsabilidad recae en los proveedores o contratistas extranjeros. Sin embargo, los recientes avances legales empiezan a cuestionar esta narrativa.

Cambios jurídicos: Exigir responsabilidades a las empresas matrices en el Reino Unido

En algunos casos emblemáticos del Reino Unido, como Vedanta contra Lungowe (2019) y Okpabi contra Royal Dutch Shell (2021), los tribunales dictaminaron que se puede considerar a las empresas matrices responsables de los daños que causen sus filiales en el extranjero, especialmente cuando ejercen control sobre sus actividades. Estas decisiones han allanado el camino a las demandas transnacionales de las comunidades y las personas trabajadoras afectadas.

En el caso Limbu y otros contra Dyson Technology Ltd y otros (2024), el Tribunal de Apelación admitió en la jusrisdiccción inglesa, las demandas de personas trabajadoras nepalíes y bangladesíes que denunciaban trabajo forzoso y abusos cometidos en una fábrica malasia que suministraba a Dyson. Esta decisión del tribunal refleja una creciente apertura judicial para permitir que las personas trabajadoras migrantes busquen justicia en los tribunales ingleses, haciendo responsables a las empresas británicas por los abusos cometidos en sus cadenas de suministro mundiales.

De manera similar, en Josiya y otros contra British American Tobacco y otras (2021), el Tribunal de Apelación permitió a más de 10.000 cultivadores de tabaco de Malawi presentar sus pretensiones contra BAT e Imperial Tobacco en el Reino Unido por presunto trabajo forzoso e infantil en su cadena de suministro de Malawi. Este caso pone de relieve que los tribunales ingleses pueden servir de foro para la justicia en las demandas transnacionales de derechos humanos.

En Begum contra Maran (2021), el Tribunal de Apelación dictaminó que una empresa británica podría tener un deber de diligencia hacia las personas trabajadoras de la industria del desguace naval de Bangladesh, en relación con la venta de un buque debido a las peligrosas condiciones en las que el personal trabajaba para desmantelarlo. Este caso ilustra aún más el alcance cada vez mayor de la responsabilidad corporativa en virtud del derecho inglés de responsabilidad por daños y el modo en que se aplica a las personas trabajadoras que sufren condiciones abusivas en el extranjero.

Todos estos casos, en su conjunto, son claros indicadores de un cambio en la actitud judicial del Reino Unido. Sin embargo, este cambio no afecta únicamente a los tribunales británicos, sino que en otras jurisdicciones se observa también una voluntad creciente de examinar los efectos reales de las actividades comerciales y de permitir que las personas trabajadoras migrantes accedan a recursos legales.

En Sudáfrica, las personas propietarias de una fábrica de fibra de algodón se enfrentarón a más de cien cargos, entre los cuales se encuentran el tráfico de personas y diversas infracciones de la legislación laboral, fueron condenadas por abusos contra los derechos humanos de personas trabajadoras migrantes indocumentadas de Malí. En Francia, tres personas fueron encarceladas por trata de personas en el sector del champán, al haber explotado a más de 50 personas trabajadoras migrantes temporales, en su mayoría en situación irregular.

Para los abogados/as y las personas defensoras, estos éxitos suponen importantes precedentes a la hora de sustentar las demandas en nombre de las personas trabajadoras y las comunidades vulnerables.

Obstáculos para acceder a la justicia

A pesar de estos avances legales, las personas trabajadoras migrantes siguen teniendo que hacer frente a grandes obstáculos. Son comunes los problemas para establecer  la competencia de los tribunales, ya que las empresas argumentan que las demandas se deben resolver en el país donde se produce el daño, incluso cuando los sistemas judiciales locales son débiles u hostiles hacia los derechos laborales.

Cada vez se utilizan más las demandas SLAPP (litigio estratégico contra la participación pública) para intimidar a las personas demandantes y a sus abogados/as. Estas tácticas, que a menudo recurren a demandas por difamación sin fundamento o provocan retrasos procesales, exigen importantes recursos y silencian la disidencia. En el sur y el sudeste asiático, donde se encuentra el origen de muchas cadenas de suministro mundiales, las leyes penales contra la difamación convierten a las demandas SLAPP en herramientas especialmente peligrosas en manos de las empresas.

Lo que debe cambiar

Para que las personas trabajadoras migrantes tengan acceso a la justicia, es esencial una reforma legal y legislativa. Algunos pasos claves son los siguientes:

• Reforzar las leyes de responsabilidad en la cadena de suministro para exigir responsabilidad a las multinacionales .
• Aplicar la Directiva de la UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad  (CSDDD) con el fin de exigir la debida diligencia en cuestiones de derechos humanos en los Estados miembros de la UE.
• Desarrollar una ley de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos en el Reino Unido y en otros países.
• Mejorar el acceso a la justicia en los países donde se producen daños.
• Promulgar legislación contra las demandas SLAPP para proteger a las personas trabajadoras y defensoras judiciales.

La adopción de la CSDDD de la UE representa un paso importante para facilitar el acceso a la justicia a las personas trabajadoras migrantes. Sin embargo, dadas las resistencias que amenazan con socavar algunas de sus disposiciones más importantes y hacer descarrilar su implementación, es fundamental que el Reino Unido y otros países avancen hacia la adopción de marcos similares que promuevan la responsabilidad de las empresas, como ya está ocurriendo en Tailandia, Colombia y Corea del Sur. Las leyes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos proporcionan una base jurídica para exigir a las empresas que rindan cuentas por el trato que dan a las personas trabajadoras migrantes en sus cadenas de suministro.

Conclusión

Las personas trabajadoras migrantes son fundamentales para las cadenas de suministro mundiales y nacionales, pero siguen siendo uno de los grupos más vulnerables a la explotación. Los avances legales, como se destaca en los casos anteriores, muestran que algunos tribunales están cada vez más dispuestos a desafiar la impunidad de las empresas. Pero para que la justicia sea algo más que una posibilidad, debe ser accesible, con leyes más estrictas, un mejor respaldo y un compromiso con la responsabilidad corporativa.

Aclaración: Este artículo analiza los avances legales y las alegaciones formulados en litigios en curso. Hasta el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad en los mismos.

Oliver Holland es un abogado británico especializado en daños ambientales, derechos humanos y esclavitud moderna, con experiencia en litigios transfronterizos.