En el municipio de Chicomuselo, en Chiapas, las comunidades han enfrentado durante años conflictos vinculados a la extracción de barita y otros minerales, en un contexto fuertemente afectado por la presencia del crimen organizado, la ausencia de las autoridades y la operación irregular de empresas privadas.

Por su ubicación en la frontera con Guatemala, la región en la que se encuentra Chicomuselo ha sido de interés para las actividades criminales por su cercanía con rutas de tráfico transnacional.

Un informe publicado por organizaciones de la sociedad civil en enero de 2024, reportó que en Chicomuselo se encuentran 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas.

La Compañía Minera Caracol inició la explotación de barita en la mina La Revancha, ubicada en el barrio San Ramón del ejido Grecia, hace más de 20 años. En 2006, Caracol supuestamente vendió los derechos de concesión a Blackfire Exploration, que continuó operando hasta que la mina fue clausurada tras el asesinato del defensor de territorio Mariano Abarca Roblero, quien se oponía a las actividades extractivas de la empresa, el 28 de noviembre de 2009 en Chicomuselo.

En 2010, el Centro EDH contactó a Blackfire Exploration para solicitarle su respuesta ante estas alegaciones. La empresa aseguró que no estuvo involucrada en el asesinato de Mariano Abarca y que no había sido contactada por las autoridades. Su respuesta completa puede ser consultada debajo.

Desde entonces, han habido numerosos intentos por parte de la familia de Mariano Abarca, acompañada por organizaciones de la sociedad civil para poner fin a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, incluyendo una acción legal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.

A partir de octubre de 2022, se reportó el reinicio de las actividades mineras en el municipio presuntamente operadas por grupos de delincuencia organizada en colusión con empresas privadas.

En octubre de 2022, se reportaron denuncias por parte de las comunidades de extracción ilegal de barita en el ejido Santa María. Las personas habitantes del ejido informaron que observaron el ingreso de camiones de carga a la zona sin informarles previamente. Han denunciado también "amenazas, hostigamiento e intimidación" en su contra.

En abril de 2025, se reportó la clausura de la mina El Caribe, en Chicomuselo, donde se encontró que se extraía barita de manera ilegal.

Según los reportes, las comunidades han denunciado que en el ejido Morelia, donde la empresa canadiense Blackfire Exploration contaba con una concesionaria minera, continúa siendo extraída de manera ilegal.