Isabel Cristina Preciado Ochoa y Fabián Andrés León Peñuela, Centro EDH

La promesa de “ir más allá de los combustibles fósiles” marca el horizonte de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta, Colombia, la semana que viene. La conferencia abordará tres temas estratégicos: la reducción de la dependencia económica de los combustibles fósiles; la transformación de la oferta y la demanda de combustibles fósiles; y el fortalecimiento de la cooperación internacional y la diplomacia climática. Estos temas representan algunos de los principales desafíos para consolidar una transición energética justa.

Entonces, la pregunta central no se reduce a si la transición es necesaria, sino cómo se hará, bajo qué reglas y para quiénes. Y esto ocurre en un momento donde el marco regulatorio sigue siendo frágil. Avanzar exige incorporar un enfoque de derechos humanos que garantice el deber de respeto por los derechos humanos y la naturaleza, prosperidad compartida y negociaciones justas en los territorios donde se materializa la transición.

¿Por qué la salida de los combustibles fósiles es necesaria?

En muchos países, la renta petrolera, gasífera o carbonífera sostiene empleos, ingresos fiscales y balanza de pagos, un hecho maquillado bajo la idea de una dependencia económica de los combustibles fósiles como bloqueo estructural para el Sur Global. Por eso la transición energética no representa un simple “cambio tecnológico”, sino un dilema macroeconómico. La crisis climática y los eventos extremos se intensificarán y golpearán con más fuerza a los países más vulnerables profundizando las desigualdades sociales a través de la pérdida de medios de vida, el aumento de enfermedades, el deterioro de condiciones laborales y desplazamientos forzados. Es probable que los costos sociales y económicos de no avanzar en una transición energética superan, en el mediano y largo plazo, los costos asociados a una salida planificada de los combustibles fósiles.

Ese dilema se agrava por el desigual reparto de la riqueza y la continua dinámica de dependencia estructural. La inversión global en transición sigue concentrada y el capital para el Sur Global llega a un mayor coste, muchas veces en forma de deuda. En ese escenario, “salir de los fósiles” exige transformar las reglas del financiamiento internacional. De lo contrario, la expansión de renovables y la demanda de minerales críticos pueden perpetuar el mismo patrón de despojo territorial bajo nuevos nombres (corredores de hidrógeno, mega infraestructura, minería “estratégica”).

Si no se corrigen esas asimetrías, la transición corre el riesgo de convertirse en una carga adicional para economías ya restringidas por deuda y por presupuestos públicos dependientes de la renta extractiva. En este escenario, una transición energética justa debería seguir tres principios interdependientes: respeto a los derechos humanos y la justicia ambiental; negociaciones justas; y prosperidad compartida. Con este enfoque, los derechos humanos jugarían un rol determinante en la toma de decisiones, ofreciendo criterios éticos y operativos concretos para evitar que el modelo energético “verde” reproduzca las patrones coloniales y extractivistas del pasado.

Existe consenso internacional sobre el deber proteger de los Estados, el deber de respetar de las empresas y el derecho de las personas afectadas por proyectos económicos, de contar con garantías restaurativas y principios de no repetición. Traducido a la transición, esto exige debida diligencia obligatoria en derechos humanos – antes, durante y después – para identificar, prevenir y mitigar impactos, y no para “gestionar crisis” cuando el daño ya ocurrió.

En América Latina esto es especialmente crítico: muchos proyectos renovables y de minerales para la transición se emplazan en territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes. Por eso, la regla no puede reducirse a un trámite, sino a la garantía de participación real, información transparente y culturalmente adecuada y, cuando aplique, consentimiento libre, previo e informado. En este contexto, la prosperidad compartida resulta fundamental, no sólo como distribución justa de beneficios, sino como una vía para que las comunidades participen efectivamente en la toma de decisiones sobre el rumbo, los límites y las condiciones de los proyectos que afectan sus territorios.

¿Es posible un futuro post-fósil desde una perspectiva de derechos humanos?

Un futuro post-fósil – si es que ha de ser resiliente – debe basarse en un enfoque centrado en los derechos humanos, que permita llevar a cabo la transición mediante una gobernanza dotada de garantías reales (participación, transparencia fiscal, trazabilidad, distribución de beneficios y alternativas productivas con enfoque territorial), pero, sobre todo, a través de una interacción dinámica entre normas adaptadas a territorios específicos, mecanismos de supervisión comunitaria y sanciones efectivas frente a los abusos.

Estándares que varían según criterios específicos

Una regulación efectiva deba incorporar estándares diferenciados que consideren, como mínimo, la escala del proyecto, la sensibilidad ecológica del territorio, la presencia de pueblos indígenas y pueblos negros, y de comunidades campesinas, así como las condiciones socioeconómicas locales y la diversidad cultural de los territorios.

Mecanismos de control comunitario

También se requieren mecanismos efectivos de control y vigilancia social. Las comunidades que habitan los territorios donde se instalan proyectos energéticos deben contar con condiciones reales de participación para hacer seguimiento permanente a los impactos (espacios institucionales con capacidades), activar alertas tempranas y fortalecer figuras como las veedurías ciudadanas, sin que esto signifique agresiones contra su ejercicio de defensa de los derechos humanos. La experiencia muestra que el monitoreo comunitario mejora la transparencia y puede corregir, a tiempo, prácticas de incumplimiento que suelen aparecer cuando baja la atención pública.

Posibles consecuencias del incumplimiento

El reconocimiento de estándares y mecanismos de control pierde sentido si no existen consecuencias claras frente a su incumplimiento. Una transición energética justa requiere sistemas regulatorios capaces de sancionar a quienes vulneren derechos humanos e incumplan sus obligaciones ambientales y sociales. Esto incluye sanciones administrativas, responsabilidades civiles y, en los casos más graves, responsabilidades penales. También implica garantizar el acceso a mecanismos de reparación efectivos para las comunidades afectadas, incluyendo medidas de restitución, compensación y garantías de no repetición.

Conclusión

La transición energética es urgente frente a la crisis climática, pero su implementación definirá si abre caminos de justicia o si recicla desigualdades con nueva tecnología. Ir “más allá de los fósiles” no puede reducirse a cambiar la matriz: implica transformar las relaciones de poder que han gobernado el acceso a la energía y el control del territorio.

La Conferencia de Santa Marta puede ser una oportunidad real si logra convertir narrativa en política: marcos regulatorios con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza, estándares diferenciados, control comunitario y sanciones efectivas frente a abusos. Una transición energética justa exige, además, enfrentar las estructuras fiscales y económicas que sostienen la dependencia fósil y garantizar prosperidad compartida y negociaciones justas entre Estados, empresas, sistema financiero y comunidades. Solo así la transición reducirá emisiones sin debilitar democracia, y sin convertir a los territorios en la zona de sacrificio de siempre.