Mientras se intensifica la carrera por obtener los minerales del continente, nuevos datos plantean un panorama preocupante sobre la falta de rendición de cuentas ante los abusos sistémicos.

Los nuevos datos publicados hoy revelan que Sudamérica es la región más afectada del mundo por los abusos contra los derechos humanos vinculados a la transición global hacia la energía limpia.

En la única investigación de este tipo, los resultados del “Monitor de Minerales de Transición 2026”, publicado por el Centro de Empresas y Derechos Humanos, siguen mostrando la interrelación entre los impactos sobre el ambiente, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Desde 2010, se han registrado un total de 447 denuncias de abusos en minas de Sudamérica, lo que representa el 37 % de toda la base de datos mundial.

Solo en 2025, 97 denuncias de abusos contra los derechos humanos se relacionaron con la extracción de minerales de transición en toda la regióne, casi el doble de las registradas en 2024.

Perú y Chile son el primer y tercer país más afectados a nivel mundial, con 174 y 137 denuncias, respectivamente.

Sudamérica cuenta con las mayores reservas de cobre del mundo, y solo el cobre representa el 60 % de todas las denuncias registradas en el Monitor en todas las regiones desde 2010. A medida que se acelera la demanda mundial de cobre, impulsada por la electrificación y la expansión de la red eléctrica, esto podría conducir a un empeoramiento de los abusos, incluyendo violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, daños medioambientales y resistencia de las comunidades —todo lo cual ya se está traduciendo en suspensiones de minas y pérdidas de miles de millones de dólares para las empresas y sus inversores. La mayoría de los conflictos sociales (13) que provocaron suspensiones, retrasos o clausuras se produjeron en Sudamérica.

Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, directora regional para América del Centro de Empresas y Derechos Humanos, afirmó: “Sudamérica ha sido la principal proveedora mundial de cobre y litio, y las comunidades están pagando el precio con agua contaminada, pérdida de tierras y personas defensoras silenciadas. Se trata de un fracaso moral y estratégico. A medida que las comunidades se defienden, las minas se cierran y las cadenas de suministro se ven interrumpidas, queda más claro que nunca que la transición energética no puede basarse en el abuso de los titulares de derechos y en la misma lógica extractiva que ya nos ha fallado antes”.

Foco en Perú: Las comunidades resisten en el país más afectado del mundo

Con 174 denuncias desde 2010, Perú es el país más afectado a nivel mundial con respecto a las violaciones de los derechos humanos vinculadas a la extracción de minerales de transición, y las comunidades han empezado a resistir. La resistencia comunitaria en las explotaciones peruanas en 2025 generó consecuencias operativas y financieras directas para las empresas y sus inversores.

En marzo de 2025, las comunidades indígenas de la región de Cusco, en Perú, iniciaron un bloqueo de 10 días en la mina de cobre Antapaccay, de Glencore, para protestar contra los planes de expansión de la mina y expresar sus preocupaciones ambientales. Y se han llevado a cabo acciones similares en otras partes del país, donde en años anteriores se suspendieron grandes proyectos mineros debido a conflictos sociales.

La mina de cobre Las Bambas de China Minmetals, que según se informa aporta el 1 % del PIB de Perú, se ha enfrentado a bloqueos de transporte durante más de 400 días desde que la empresa comenzó a operar en 2016, lo que equivale a una pérdida estimada de 3.800 millones de dólares. También se ha presentado la ocupación de las instalaciones mineras por parte de personas pertenecientes a la comunidad local, lo que ha llevado a la suspensión de las operaciones. En otro caso, la mina de cobre de Cuajone, de Southern Copper Corp, en Perú, sufrió un cierre de 52 días tras las protestas de los pueblos indígenas por violaciones de derechos, lo que provocó pérdidas superiores a 260 millones de dólares en exportaciones y una disminución del 10 % en la producción total de cobre durante ese período.

Blanca Racionero Gómez afirmó: “Las empresas mineras y sus inversores no pueden tratar los derechos humanos como un mero ejercicio de cumplimiento normativo. El respeto de los derechos humanos, las negociaciones justas, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y la protección de las personas que expresan su preocupación por los impactos de la minería son condiciones esenciales para una transición energética exitosa. Cuando faltan estas garantías, surgen los conflictos. Las comunidades se resisten, los proyectos se estancan, las cadenas de suministro pierden fiabilidad y aumentan los riesgos para los inversores y las empresas. Una transición justa no solo es el enfoque correcto, sino que es el único viable a largo plazo”.

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Notas para los editores:

El Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) es una organización global que trabaja en la intersección entre las empresas y los derechos humanos. Junto con socios y aliados de todo el mundo, buscamos situar los derechos humanos en el centro de las empresas para lograr una economía justa, la justicia climática y poner fin a los abusos. Más información sobre nuestro trabajo se encuentra aquí.

El Monitor de Minerales de Transición se actualiza anualmente y recoge las denuncias de abusos asociados a la minería a gran escala de nueve minerales esenciales para la transición energética: bauxita, cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel, mineral de hierro y zinc. Este año, el Monitor también ha incluido los elementos de tierras raras, un mineral clave en la fabricación de imanes para aerogeneradores.