El Salvador: Orden de detención contra defensores del agua que impulsaron la histórica prohibición de la minería metálica
"Tribunal emite orden de captura en contra de los líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta", 1 de mayo de 2025.
El 2 de abril de 2025, el Tribunal de Sentencia del Distrito de San Vicente emitió una orden de captura en contra de de los cinco líderes comunitarios y defensores ambientales Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Pedro Rivas Laínez, de la comunidad de Santa Marta, y Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega, representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” ADES.
El 11 de febrero de 2025, el mismo tribunal notificó a los cinco defensores ambientales la solicitud de la fiscalía de declararlos en rebeldía y ordenar su captura. Esto se dio luego de que los defensores declararan que no se presentarían a la audiencia debido a la falta de garantías de un juicio justo y legal. La fiscalía solicitó la orden de captura debido a la ausencia de los defensores en la audiencia programada inicialmente para el 3 de febrero, la cual fue postergada para el 9 de abril de 2025, y que luego fue nuevamente suspendida y programada para el 26 de mayo de 2025.
El nuevo proceso judicial se da luego de que el 25 de noviembre de 2024 la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque notificó a los defensores la anulación de la decisión del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que los había absuelto por unanimidad el 18 de octubre de 2024. Dicha absolución dio libertad a los defensores luego de haber permanecido veintidós meses detenidos, trece de los cuales fue en arresto domiciliario.
La orden de captura se da en un clima de deterioro para la protección del medioambiente en El Salvador, demostrado mediante la ley que permite reactivar la minería metálica en el país tras ocho años de su prohibición. El activismo de los defensores fue importante para la prohibición de la minería metálica, la cual sucedió en el 2017 mediante la publicación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Esta ley fue derogada en diciembre de 2024 por iniciativa del gobierno presidencial actual.
Front Line Defenders condena la decisión del Tribunal de Sentencia del Distrito de San Vicente de emitir una orden de captura en contra de de los cinco líderes comunitarios y defensores ambientales. La organización expresa su preocupación por la continua criminalización de los cinco defensores de Santa Marta a pesar de haber sido absueltos por falta de pruebas de un crimen que no cometieron. Front Line Defenders considera que esta criminalización se da en represalia a su legitimo trabajo en la defensa del medioambiente y por su histórico activismo a favor de la prohibición de la minería metálica en el país.
Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de El Salvador a respetar los estándares internacionales de protección y reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos....