Este informe examina las denuncias de abusos contra los derechos humanos y daños ambientales asociados con las inversiones chinas en el extranjero relacionadas con minerales para la transición energética entre enero de 2023 y diciembre de 2025. El análisis abarca 93 proyectos relacionados con 11 minerales clave para la transición hacia energías limpias.

Como seguimiento de nuestro informe de 2023 sobre los impactos en derechos humanos de las inversiones chinas en el extranjero en minerales para la transición (basado en datos de 2021-2022), este estudio incorpora un conjunto de datos ampliado que refleja el ritmo acelerado de la actividad minera a nivel mundial.

Los hallazgos de este informe ponen de relieve persistentes deficiencias en materia de gobernanza y rendición de cuentas que requieren atención inmediata. El aumento sostenido de las denuncias de abusos entre 2021 y 2025, junto con un entorno cada vez más adverso para las personas defensoras de derechos humanos, indica que los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro de minerales para la transición vinculadas con empresas chinas son significativos.

Número total de denuncias registradas por año

Principales hallazgos

• Se registraron 326 denuncias vinculadas con inversiones en el extranjero de empresas chinas en minerales para la transición energética entre 2023 y 2025, lo que eleva a 434 el total de denuncias de abusos registradas entre 2021 y 2025, con incrementos sostenidos cada año desde 2021.
• Las diez empresas chinas asociadas con el mayor número de denuncias concentraron más de dos tercios de todas las denuncias registradas.
• El mayor número de casos se registró en Indonesia (96 denuncias de abusos), seguido por la República Democrática del Congo (RDC) (52), Myanmar (36), Serbia (32) y Zimbabue (20).
• La tasa de respuesta de las empresas aumentó al 27 %, en comparación con el 18 % registrado en 2021-2022. Sin embargo, las respuestas continuaron concentrándose en un número reducido de empresas, principalmente aquellas que cuentan con políticas formales de derechos humanos y con departamentos o personal especializado en cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) o derechos humanos.
• Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos surgieron como una cuestión especialmente preocupante. Se documentaron 18 ataques contra personas defensoras que expresaron preocupaciones sobre operaciones empresariales chinas en el sector de minerales para la transición energética, frente a nueve casos registrados entre 2021 y 2022.
• Las denuncias involucraron a distintos grupos titulares de derechos, incluyendo comunidades locales (incluidos pueblos indígenas), personas trabajadoras y el medio ambiente. 
• 179 denuncias afectaron a comunidades locales. Los riesgos más relevantes estuvieron relacionados con los medios de vida, la salud de las personas y los derechos sobre la tierra.
• 143 denuncias involucraron a personas trabajadoras. Los riesgos más graves se relacionaron con la salud y seguridad en el trabajo, las muertes vinculadas al trabajo y las reclamaciones salariales.
• 169 denuncias estuvieron relacionadas con daños ambientales. Los riesgos más críticos incluyeron la contaminación del agua, el suelo, el aire y las violaciones de las normas de seguridad ambiental. 

En este contexto de aumento de los riesgos de afectación a los derechos humanos y al medio ambiente, resulta destacable que varias empresas hayan mostrado mayores niveles de respuesta frente a las denuncias de abusos, incluyendo respuestas más detalladas a las solicitudes del Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH)

No obstante, otras empresas chinas de los sectores minero y metalúrgico parecen seguir ignorando estas problemáticas, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia como primer paso hacia una verdadera rendición de cuentas.

De manera especialmente preocupante, las tres empresas vinculadas al mayor número de denuncias —responsables de aproximadamente un tercio de todas las denuncias registradas— cuentan con políticas públicas de derechos humanos. Esto plantea interrogantes fundamentales sobre la implementación efectiva de dichas políticas y sobre el grado de compromiso real de estas empresas con el respeto de los derechos humanos.